La SRT y San Juan renuevan su alianza para mejorar condiciones laborales en la provincia

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La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y San Juan firmaron un acuerdo por medio del cual colaborarán mutuamente en la tarea de inspeccionar las condiciones de trabajo en los establecimientos laborales de la provincia cuyana.

En consonancia con lo que ya sucedió con Santiago del Estero, Misiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro y Misiones, entre otras, la SRT renueva su compromiso, esta vez con la provincia de San Juan, para fortalecer con recursos humanos y el acceso a sus bases de datos las tareas de inspección de las condiciones de empleo en esa región.

El acuerdo fue rubricado por el superintendente de Riesgos del Trabajo, Enrique Cossio, y por el ministro de Gobierno de la provincia sanjuanina, Alberto Hensel, acompañados del gerente general de la SRT, Marcelo Domínguez, y contempla la extensión hasta diciembre de 2022 del convenio ya existente entre ambas partes, que se comprometen además a promover la disminución de los accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Las tareas inspectivas de la Administradora de Trabajo Local (ATL) sanjuanina tendrán su foco en las principales actividades económicas de la jurisdicción y en aquellas que registren elevados niveles de riesgos laborales, especialmente las que concentren la mayor siniestralidad de jóvenes de entre 16 y 24 años, en virtud de la instrumentación del Plan de Acción Nacional Trabajo Seguro Joven.

Cabe señalar que, en la provincia, durante el año 2021 la SRT dio apertura a dos Delegaciones Médicas que complementan y descomprimen la demanda de la sede ubicada en la capital sanjuanina.

Las nuevas delegaciones de la SRT en el territorio provincial son, por un lado, Rawson con competencia en la circunscripción judicial de San Juan, y por otra parte, Jáchal, con competencia en la circunscripción judicial de Jáchal.

En el marco de un sistema federal y descentralizado de gestión de riesgos laborales, el objetivo central de los convenios es garantizar criterios uniformes de prevención y fiscalización en todo el país, y dar cumplimiento a los programas generales o focales establecidos por la SRT.